COVID-19: Medidas gubernamentales para detener las clínicas privadas que aumentan los costos de las pruebas de virus

El gobierno ha dado a conocer medidas para garantizar que las clínicas privadas del país no aumenten los precios, creando peligro para los más vulnerables.

En conferencia de prensa ayer, los ministros Salvador Ila y Fernando Grande-Marlasco anunciaron que todas las clínicas no estatales deben hacer accesibles sus instalaciones al Sistema Nacional de Salud.

“Las Comunidades Autónomas tendrán a su disposición centros privados de diagnóstico clínico, servicios e instalaciones médicas ubicadas en su comunidad autónoma que no prestan servicios en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal”, ha dicho Ila durante su intervención.

Según el presidente de la Alianza Sanitaria Privada Española (ASPE) Carlos Rousseau, el coste de las pruebas para la industria es de unos 8,00 euros más el coste del IVA y el transporte.

Las nuevas medidas también podrían endurecer la regulación de precios, ya que se ha comprobado que algunas clínicas cobran hasta 140 euros por una prueba que debería costar a un paciente 30 euros.

Según el comunicado, las reglas de precios deberían “proteger el bienestar, la salud y la seguridad de los ciudadanos e inhibir el desarrollo de la enfermedad”.

El informe marcó un paso importante en la lucha contra las ganancias de los proveedores, centros y distribuidores privados durante el brote de COVID-19.

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