El maquinista del tren siniestrado en Santiago, Francisco Jos?? Garz??n, qued?? en libertad con cargos tras testificar durante dos horas ante el juez que instruye la causa por el accidente ferroviario m??s grave de las ??ltimas cuatro d??cadas y en el que murieron 79 personas. Se le ha retirado el pasaporte, deber?? comparecer semanalmente en el juzgado y devolver la licencia, con lo que queda inhabilitado para pilotar ferrocarriles

Si algo debe tener en cuenta un juez cuando decreta la prisi??n preventiva de un detenido, es ante todo si existe otra medida menos gravosa que no afecte a uno de los derechos fundamentales de la persona, como es la libertad. A lo largo de una reiterada jurisprudencia, los Tribunales Supremo y Constitucional han determinado que se deben observar tanto la gravedad del delito cometido como las circunstancias personales del supuesto criminal. Ambos extremos debi?? de tener en consideraci??n el titular del Juzgado de Instrucci??n n??mero 3 de Santiago, Luis Al??ez, cuando le llevaron ante su presencia al maquinista Francisco Jos?? Garz??n, de 52 a??os. Este qued?? ayer por la tarde en libertad con cargos y con la prohibici??n de abandonar el pa??s.
La vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), promulgada en 1882, recoge una serie de supuestos que deben cumplirse para que el juez ordene la medida de privaci??n de libertad. En primer lugar, debe haber indicios racionales y suficientes de que el detenido ha cometido el delito del que es acusado. En el caso de Garz??n, parece m??s que razonable que puede ser el autor de un delito de homicidio por imprudencia ya que estaba ??l solo a los mandos del tren Alvia siniestrado el pasado 24 de julio.
A ello se une que el delito tenga una condena igual o superior a dos a??os de c??rcel, con la ??nica excepci??n de la violencia machista o sobre familiares cercanos. En el caso del homicidio imprudente, recogido en el art??culo 142 del C??digo Penal, las penas van de uno a cuatro a??os de prisi??n. Este requisito tambi??n lo cumple, por tanto, el conductor.
La Lecrim plantea que el juez solo podr?? ordenar la entrada en la c??rcel del detenido si lo solicita alguna de las partes personadas en el caso, incluido l??gicamente el fiscal. Es decir, que si el representante del ministerio p??blico guarda silencio sobre este extremo o la imposici??n de una fianza, el magistrado est?? obligado a ???acordar la inmediata puesta en libertad???.
Los presupuestos por los que recoge el art??culo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal est??n tasados, es decir, de ah?? no se puede salir el magistrado o el juez. El primero consiste en evitar que el detenido se fugue al ser puesto en libertad. Para ello, se deber?? ver el arraigo y su situaci??n familiar, laboral y econ??mica (lo que no siempre ocurre en la primera comparecencia ante el juez), si tiene antecedentes penales no cancelados por hechos similares o si la pena a la que puede ser condenado es muy alta. La jurisprudencia ha entendido que, conforme aumenta el n??mero probable de a??os de prisi??n, se debe entender que el reo tengan mayor intenci??n de fugarse.
En el caso del maquinista parece poco probable que pueda huir. El juez cuenta adem??s con otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte ???que de hecho se la impuso??? y el obligarle a presentarse a firmar en el juzgado con cierta periodicidad. Esta puede ir desde todos los d??as (como los integrantes de una mafia desarticulada en Madrid) o una vez al mes. Garz??n est?? obligado a hacerlo cada semana.
Un caso similar se dio hace poco tiempo con el conductor de un autob??s, R. G. S., de 54 a??os, que provoc?? un accidente con nueve muertos en la provincia de ??vila. Qued?? libre con cargos pese a que reconoci?? que se hab??a quedado dormido al volante.
El siguiente punto se refiere a la posibilidad de ocultar, alterar o destruir las pruebas del delito. Este supuesto parece muy improbable porque los especialistas de Polic??a Cient??fica ya han terminado la inspecci??n ocular en el lugar del accidente y el tren siniestrado est?? fuera del alcance de Garz??n, en un dep??sito con vigilancia policial. Otro supuesto ??ntimamente relacionado con este es que el supuesto criminal atente contra los bienes de la v??ctima (en este caso, Renfe). De nuevo, se puede descartar esta actitud del conductor del tren.
La ley tambi??n contempla la reiteraci??n delictiva, es decir, que el detenido siga cometiendo delitos. En el caso del maquinista del Alvia, se trata de un delito por imprudencia, por lo que se descarta la intenci??n de causar el mal. Por tanto, resulta muy poco probable que produzca m??s accidentes.
Un error habitual al hablar de la prisi??n provisional es la mal llamada alarma social que causan determinados delitos, entre ellos, el del accidente del Alvia, en el que un solo hecho causa muchas v??ctimas. El Tribunal Constitucional ya sentenci?? el 2 de noviembre de 2004, en un fallo del que fue ponente el magistrado Pascual Sala, que la alarma social ???no es un criterio v??lido??? para a??adir que ???no constituye una finalidad leg??timamente perseguible??? para decretar el ingreso en prisi??n.

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